La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que las elecciones de 2027 estén en riesgo ante los señalamientos de presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del Instituto Nacional Electoral. Durante su conferencia matutina de este miércoles, afirmó que los comicios se realizarán con certeza y transparencia.
“Las elecciones del 27 no están en duda, de ninguna manera”, sostuvo la mandataria, al señalar que las investigaciones sobre los contratos de material electoral deben contribuir a fortalecer la confianza en las instituciones electorales.
Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación revisar las contrataciones señaladas y ampliar el análisis más allá de los últimos años, con el propósito de conocer los antecedentes de las empresas proveedoras y cómo obtuvieron los contratos.
La presidenta de la República indicó que las auditorías deben identificar posibles irregularidades, determinar quiénes participaron en las adjudicaciones y establecer si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o penales.
También señaló a los hermanos Hernández Casillas por presuntos vínculos con controversias relacionadas con contratos de material electoral desde finales de la década de 1990.
Como antecedente, la titular del Ejecutivo Federal hizo referencia a una adjudicación de 1999 en el Estado de México y a la crisis que derivó en la renuncia de consejeros electorales de esa entidad en 2005. Estos señalamientos deberán ser evaluados mediante las investigaciones correspondientes.
Entre las medidas propuestas por la Federación destaca el fortalecimiento de Talleres Gráficos de México, empresa estatal que podría ampliar su participación en la producción de documentación y materiales electorales.
Sheinbaum también planteó revisar el modelo de contratación para evitar la concentración de adjudicaciones en un grupo reducido de compañías y promover una mayor competencia entre proveedores.
Asimismo, propuso crear un comité que supervise la transparencia de Talleres Gráficos de México, con el objetivo de garantizar que la producción de materiales electorales esté sujeta a mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.
