El gobierno federal propuso una nueva legislación que permitiría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar los sectores económicos y actividades en los que el uso de dinero en efectivo podría dejar de estar permitido como medio de pago.
La propuesta está contenida en la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión.
De acuerdo con el proyecto, Hacienda tendría facultades para identificar los denominados “sectores estratégicos” y “actividades relevantes” en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrían convertirse en la única forma de liquidar operaciones.
Uno de los puntos que genera dudas es que la iniciativa no establece de manera específica cuáles serían esos sectores o actividades. Tampoco fija, en el texto referido, criterios detallados sobre los requisitos, condiciones o plazos que deberían cumplirse para que una actividad económica transite de manera obligatoria del efectivo a los pagos electrónicos.
El proyecto contempla además un plazo de 15 días hábiles después de la publicación de la ley para que la Secretaría de Hacienda determine los primeros sectores y actividades sujetos a esta medida.
La propuesta representa un cambio respecto del esquema vigente de restricciones al uso de efectivo, que actualmente establece límites para determinadas operaciones, particularmente aquellas consideradas de riesgo para prevenir el lavado de dinero.
La legislación antilavado vigente contempla restricciones para operaciones en efectivo relacionadas, entre otros rubros, con la compra de determinados bienes y servicios de alto valor, como inmuebles, vehículos, joyería, metales preciosos y actividades vinculadas con juegos y sorteos.
A diferencia de ese modelo, la iniciativa presentada por la Federación plantea la posibilidad de ampliar la utilización obligatoria de medios electrónicos mediante decisiones posteriores de la autoridad hacendaria, una vez que la nueva legislación sea aprobada y entre en vigor.
El debate legislativo deberá determinar el alcance de estas facultades, así como las reglas que definirían qué actividades podrían quedar sujetas a la eliminación del efectivo y cómo se garantizaría el acceso a medios de pago digitales para personas y negocios.
