La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país la definición del delito, los protocolos de investigación y las sanciones aplicables.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria señaló que la propuesta busca fortalecer el combate a la impunidad en los casos de feminicidio y evitar que este tipo de crímenes sean clasificados de manera incorrecta como suicidios u otros delitos. También sostuvo que la prevención de la violencia de género debe ir acompañada de políticas de igualdad, educación y combate al machismo.
La iniciativa establece una definición única del delito al señalar que comete feminicidio “la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”. Asimismo, contempla diez circunstancias para acreditar esas razones de género, entre ellas antecedentes de violencia contra la víctima, violencia sexual, estereotipos de género y relaciones de poder.
De aprobarse, la legislación fijará una pena de 50 a 70 años de prisión para quien sea encontrado culpable de feminicidio. Además, incorpora 19 agravantes que permitirían incrementar la sanción hasta en una mitad, como cuando la víctima estuviera embarazada, viviera con una discapacidad, fuera periodista, defensora de derechos humanos o persona migrante, o cuando el responsable sea un servidor público.
La propuesta también prevé consecuencias adicionales para los responsables, entre ellas la pérdida de derechos sucesorios, de la patria potestad, de la tutela y custodia de hijos e hijas, así como la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos cuando corresponda.
Otro de los cambios planteados es que el delito, la sanción y la reparación del daño sean imprescriptibles, además de impedir beneficios como la conmutación de penas, la libertad condicionada, la amnistía o criterios de oportunidad.
En materia de investigación, la iniciativa establece que las fiscalías especializadas deberán conducir los casos con perspectiva de género, garantizar la preservación de evidencias y mantener la continuidad de la investigación desde el inicio hasta la ejecución de la sentencia. También contempla una mayor coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
El proyecto reconoce derechos para las víctimas directas e indirectas, como acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de emergencia, asesoría jurídica especializada, apoyo para niñas, niños y adolescentes que queden en orfandad por feminicidio, así como la reparación integral del daño.
Además, propone la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, la actualización de los registros nacionales sobre este delito y la implementación de campañas permanentes de prevención y sensibilización.
Durante la presentación de la iniciativa, la presidenta de la Repúblicaafirmó que, de acuerdo con cifras del gobierno federal, los feminicidios han disminuido 36 por ciento respecto a 2021, aunque reconoció que el objetivo es erradicar por completo este delito.
La iniciativa deberá ser analizada y discutida por las comisiones del Congreso de la Unión antes de su eventual aprobación y entrada en vigor. Mientras tanto, organizaciones civiles y especialistas han señalado en distintas ocasiones que, además de fortalecer el marco legal, será fundamental garantizar la correcta aplicación de los protocolos de investigación y mejorar la capacidad de las fiscalías para reducir la impunidad en los casos de violencia feminicida.
