Guanajuato reforzó su marco legal para atender y sancionar la violencia cometida con ácido, sustancias corrosivas o agentes químicos contra mujeres, luego de que el Congreso del Estado aprobara el 25 de junio una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La modificación, que entrará en vigor una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado, busca homologar la legislación local con la Ley General en la materia e incorporar nuevas medidas de prevención, atención y reparación.
Entre los principales cambios, la reforma reconoce de manera expresa la violencia física ejercida mediante ácido o sustancias corrosivas como una modalidad de violencia contra las mujeres. Además, establece que las autoridades encargadas de impartir justicia deberán actuar con perspectiva de género para evitar la revictimización durante los procesos judiciales.
El nuevo marco también contempla acciones de prevención en espacios públicos, al obligar a autoridades estatales y municipales a fortalecer condiciones de seguridad mediante mejoras en iluminación, infraestructura y diseño urbano. Asimismo, incorpora la atención psiquiátrica interdisciplinaria para víctimas de violencia y amplía la participación de la Secretaría del Campo en el Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de fortalecer la atención en comunidades rurales.
De acuerdo con datos de la Secretaría de las Mujeres, entre 2020 y lo que va de 2026 se han atendido cinco mujeres sobrevivientes de ataques con sustancias corrosivas, originarias de Celaya, Romita, San Luis de la Paz, Silao y Xichú. Cuatro de ellas tenían entre 30 y 64 años, mientras que una era adolescente. La dependencia advirtió que existe una tendencia al alza, ya que mientras en 2020 y 2022 se registró un caso por año, durante 2026 ya se han documentado tres.
La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, señaló que la atención a las sobrevivientes requiere no solo cambios legales, sino un acompañamiento integral. Explicó que el protocolo estatal contempla atención psicológica, asesoría jurídica, gestión de servicios médicos especializados, apoyo para la presentación de denuncias y solicitud de órdenes de protección, además de coordinación con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para brindar terapias y apoyos económicos cuando son necesarios.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han señalado que los ataques con ácido constituyen una de las formas más graves de violencia de género debido a las secuelas físicas, psicológicas y sociales que generan. En ese contexto, la reforma busca fortalecer tanto la sanción de estos hechos como los mecanismos de atención y reparación para las víctimas en el estado.
