La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, y solicitó al Poder Judicial que le imponga prisión preventiva por su posible responsabilidad en las irregularidades relacionadas con el colapso del banco digital Ueno.
La investigación también involucra a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay, quien fue imputado por los mismos delitos, además de producción de documentos públicos de contenido falso. Los fiscales solicitaron igualmente su prisión preventiva.
De acuerdo con las autoridades ministeriales, Peña habría utilizado su posición como jefe del Ejecutivo para influir en decisiones de organismos gubernamentales y entidades estatales, con el propósito de mantener recursos públicos depositados en Ueno Bank, pese a sus presuntos vínculos financieros con la empresa propietaria de la institución.
La Fiscalía considera que esta relación pudo representar un conflicto de intereses y derivar en decisiones que favorecieron a la entidad financiera. Peña había mantenido participación accionaria en la empresa controladora de Ueno hasta marzo de 2025, según reportes de Reuters.
La imputación se produjo después de que el exmandatario compareciera ante los fiscales en Asunción. Durante la diligencia, Peña y Carvallo se abstuvieron de declarar, mientras el Ministerio Público formalizó los señalamientos e inició el procedimiento penal correspondiente.
El caso ocurre después de que el Congreso paraguayo destituyera a Peña mediante un juicio político, el viernes 6 de noviembre, en medio de la crisis institucional y financiera provocada por la intervención de Ueno Bank. Tras su separación del cargo, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para concluir el periodo gubernamental hasta agosto de 2028.
El colapso de la institución financiera generó protestas en Asunción y preocupación entre millones de clientes que enfrentaron dificultades para acceder a sus recursos. La crisis también puso bajo escrutinio el manejo de depósitos públicos, la supervisión bancaria y los posibles conflictos de intereses entre funcionarios y directivos de la entidad.
