Durante la presentación del Informe Anual del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, autoridades estatales informaron que en el último año se implementaron 87 medidas de protección dirigidas a personas en situación de riesgo, además de la puesta en marcha de nuevos mecanismos de apoyo y prevención.
El informe fue presentado por el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, en un acto encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Durante el evento se dieron a conocer las acciones realizadas por el Consejo Estatal de Protección, organismo encargado de atender casos relacionados con agresiones, amenazas y riesgos que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Entre los avances reportados destaca la elaboración del Atlas de Riesgos 2025, una herramienta que busca identificar zonas y factores de vulnerabilidad para anticipar posibles agresiones. De acuerdo con las autoridades, este instrumento tiene un enfoque preventivo y pretende fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante situaciones de riesgo.
Asimismo, se informó sobre la creación de un esquema de Medidas de Apoyo Inmediato, mediante el cual se pueden otorgar apoyos económicos extraordinarios para atender situaciones urgentes que pongan en peligro la integridad, el patrimonio o la libertad de las personas beneficiarias.
Durante su intervención, la gobernadora señaló que las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos deben ser investigadas y sancionadas conforme a la ley, al tiempo que reiteró el compromiso de las instituciones estatales para garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio de ambas labores.
Para este año, el Gobierno estatal destinó un presupuesto de 1.15 millones de pesos al funcionamiento y fortalecimiento de las acciones impulsadas por el Consejo Estatal de Protección.
Al evento asistieron también representantes de diversas dependencias estatales, entre ellos el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste; la procuradora de los Derechos Humanos del Estado, Karla Gabriela Alcaraz; el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez; así como integrantes del Consejo Estatal y organismos relacionados con la atención a víctimas y la protección de derechos humanos.
