El Gobierno de Guanajuato presentó una iniciativa de reforma que busca ampliar las facultades de las fiscalías estatales para que puedan investigar y judicializar delitos relacionados con la delincuencia organizada, una atribución que actualmente recae principalmente en autoridades federales.
La propuesta fue elaborada por la Fiscalía General del Estado y presentada por su titular, Gerardo Vázquez Alatriste, con el respaldo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. El proyecto será analizado por el Congreso de Guanajuato y, en caso de obtener el aval de los legisladores locales, se enviará al Congreso de la Unión para su discusión a nivel federal.
De acuerdo con la exposición realizada este miércoles en Silao, la iniciativa plantea modificar el marco legal para que las fiscalías de los estados tengan una participación más activa en la investigación de estructuras criminales vinculadas con delitos de alto impacto.
Vázquez Alatriste argumentó que las fiscalías locales cuentan con información estratégica derivada de su trabajo cotidiano en municipios y regiones, así como del contacto directo con víctimas y comunidades, lo que podría fortalecer las investigaciones contra grupos delictivos.
Actualmente, aunque las autoridades estatales participan en tareas de seguridad e investigación, los casos relacionados con delincuencia organizada suelen ser competencia de instancias federales, particularmente de la Fiscalía General de la República.
La propuesta busca establecer mecanismos de colaboración más amplios entre la Federación y los estados para compartir responsabilidades en la persecución de estos delitos, bajo el argumento de que la capacidad operativa de las fiscalías locales podría contribuir a una respuesta más rápida y cercana a los contextos regionales.
Por su parte, Libia Dennise señaló que los desafíos en materia de seguridad requieren una mayor coordinación entre instituciones y sostuvo que la iniciativa pretende fortalecer las herramientas jurídicas disponibles para combatir a las organizaciones criminales.
De ser aprobada en Guanajuato y posteriormente en el Congreso de la Unión, la reforma implicaría cambios en el esquema actual de investigación penal en México, al permitir una participación más amplia de las autoridades estatales en casos tradicionalmente reservados a la jurisdicción federal.
