El Gobierno federal advirtió que atender la principal demanda de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en materia de pensiones tendría un costo aproximado de 7 billones de pesos, equivalente a 20 puntos del Producto Interno Bruto, por lo que consideró inviable una abrogación inmediata de la Ley del ISSSTE de 2007.
Durante las negociaciones que mantienen autoridades federales con el magisterio disidente, el director general del ISSSTE, Martí Batres, sostuvo que regresar al esquema solidario de pensiones previo a la reforma de 2007 requeriría recursos financieros que actualmente no posee el Estado mexicano. El funcionario argumentó que el sistema de cuentas individuales no puede eliminarse de manera inmediata debido a que los fondos acumulados pertenecen a millones de trabajadores.
La demanda de la CNTE se centra en la derogación de la reforma al ISSSTE impulsada en 2007, que sustituyó el modelo solidario de jubilaciones por un esquema basado en cuentas individuales administradas por las Afores. Los docentes sostienen que el sistema actual reduce las pensiones futuras y afecta las condiciones de retiro de los trabajadores del Estado.
Como alternativa, el Gobierno federal plantea fortalecer PensionISSSTE y crear una aseguradora pública que complemente el sistema de retiro. Según Batres, estas medidas permitirían mejorar las pensiones sin comprometer la estabilidad financiera del país y mantendrían los recursos dentro de instituciones públicas.
En paralelo, la Secretaría de Educación Pública defendió los apoyos otorgados al magisterio durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. El titular de la dependencia, Mario Delgado, destacó incrementos salariales, procesos de basificación, apoyos extraordinarios y la propuesta para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las exigencias históricas de la CNTE.
Las declaraciones se producen mientras la Coordinadora mantiene movilizaciones y un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El movimiento ha advertido que continuará con acciones de presión en busca de una respuesta favorable a sus demandas, mientras el Gobierno insiste en mantener abiertas las mesas de diálogo y negociación.
