La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto para ampliar las obligaciones de transparencia de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con el propósito de hacer pública la información corporativa y los contratos de sus empresas filiales, un ámbito que durante años ha sido motivo de controversias por el acceso limitado a documentos oficiales.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que el decreto establece lineamientos obligatorios para la publicación de información, con el objetivo de evitar que su difusión dependa de decisiones discrecionales de funcionarios. Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que deberán hacerse públicos los contratos, estados financieros, informes, reglas de operación, políticas corporativas e incluso los reportes que las filiales presentan ante organismos extranjeros. La información deberá incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia en un plazo máximo de 30 días hábiles y mantenerse actualizada.
La medida responde a un contexto en el que diversas filiales de ambas empresas productivas del Estado han argumentado que, al estar constituidas bajo esquemas de derecho privado y no ser consideradas entidades paraestatales, no están obligadas a responder solicitudes de información. Ese criterio fue utilizado por Pemex en casos relacionados con Gasolinas Bienestar, así como con empresas como PMI Comercio Internacional, Pemex Procurement International e I.I.I. Servicios. De igual forma, CFE ha sostenido esa interpretación respecto de compañías como CFE Calificados.
El decreto también modifica la periodicidad con la que el gobierno federal difundirá la información sobre contrataciones públicas. En lugar de actualizarse cada tres meses, todos los contratos del Gobierno deberán publicarse mensualmente. Asimismo, los órganos fiscalizadores estarán obligados a difundir información adicional sobre sus programas anuales de auditoría, estadísticas, seguimiento de observaciones y la contratación de despachos externos encargados de las revisiones.
Además de estas disposiciones administrativas, la Federación anunció que enviará al Congreso una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. La propuesta busca reducir de 17 a dos las causales generales para reservar información, concentrándolas únicamente en los conceptos de interés público y seguridad nacional, además de privilegiar la publicación de versiones públicas de los documentos cuando sólo una parte de su contenido deba mantenerse reservada. El Gobierno de México también informó que invitará a los poderes Legislativo y Judicial, así como a gobiernos estatales y municipales, a adoptar el principio de máxima publicidad en el manejo de la información pública.
