El Gobierno de México anunció que emprenderá acciones legales, diplomáticas y de defensa de los derechos humanos tras el fallecimiento de 17 ciudadanos mexicanos en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, informó este jueves la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que su administración buscará que se esclarezcan los casos y afirmó que no permanecerá pasiva ante la muerte de connacionales ocurrida tanto en operativos migratorios como bajo custodia en centros de detención administrados por empresas privadas contratadas por ICE. Asimismo, aseguró que el gobierno federal continuará brindando asistencia consular y apoyo a las familias afectadas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tiene registro de 17 mexicanos fallecidos en situaciones vinculadas con ICE. De ese total, 14 murieron mientras permanecían bajo custodia en centros de detención y tres perdieron la vida durante operativos migratorios. Entre estos últimos se encuentra el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien, de acuerdo con la dependencia, murió el 7 de julio tras recibir disparos de agentes de ICE en Houston, Texas.
El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, indicó que, por instrucción presidencial, la institución solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con el objetivo de que se investiguen las muertes de mexicanos ocurridas tanto en centros de detención como en operativos migratorios.
Además de la vía penal, la Cancillería anunció que promoverá acciones civiles contra las empresas privadas responsables de operar los centros de detención donde fallecieron 14 connacionales. Entre las medidas previstas está el envío de cartas de cese y desistimiento para exigir cambios en las condiciones que, según el Gobierno mexicano, vulneran los derechos humanos de las personas detenidas.
Como parte de la estrategia diplomática, México informó que ha enviado 11 notas de protesta al gobierno estadounidense solicitando el esclarecimiento de los hechos. De acuerdo con la SRE, las autoridades estadounidenses han respondido que los casos se encuentran bajo investigación. Paralelamente, el gobierno mexicano dio a conocer que solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a la situación.
