El Plan B de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum alcanzó la declaratoria de constitucionalidad luego de obtener el respaldo de al menos 17 congresos locales, el mínimo requerido para que una reforma de carácter constitucional pueda ser promulgada en México.
La reforma fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados y posteriormente enviada a las legislaturas estatales, donde en un lapso de pocas horas logró el aval necesario para avanzar en el proceso legislativo.
El dictamen contempla modificaciones a diversos artículos de la Constitución, entre ellos los relacionados con el funcionamiento de los municipios y la distribución del poder en los congresos locales, además de ajustes en materia de gasto público y estructura administrativa electoral, bajo el argumento de fortalecer la austeridad y la eficiencia institucional.
El proceso legislativo se completó con el respaldo de entidades federativas de distintas regiones del país, lo que permitió alcanzar el umbral constitucional exigido para reformas de este tipo, que requiere la aprobación de la mayoría de los congresos estatales.
Con esta validación, la reforma queda en condiciones de ser declarada formalmente válida y promulgada, consolidando así uno de los cambios más relevantes en materia electoral impulsados durante la actual administración federal.
