Tras el rechazo de su iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que impulsará un Plan B enfocado en reducir el gasto político en congresos estatales y ayuntamientos, una medida con la que el gobierno estima ahorrar alrededor de 4 mil millones de pesos.
La propuesta surge después de que la reforma electoral promovida por el Ejecutivo no alcanzó los votos necesarios en el Congreso, en medio de divisiones incluso dentro de los partidos aliados del oficialismo.
De acuerdo con lo adelantado por la mandataria, el nuevo paquete de reformas buscará establecer límites al gasto de los congresos locales y reducir el número de regidores en los ayuntamientos, con el argumento de que existen diferencias significativas en los costos que representan los legisladores y funcionarios municipales en distintas entidades del país.
En su exposición, el gobierno federal señaló que el gasto anual por legislador varía ampliamente entre estados. Por ejemplo, en algunos congresos el costo por diputado supera varias decenas de millones de pesos al año, lo que, según el diagnóstico oficial, evidencia estructuras administrativas costosas y privilegios que podrían reducirse.
El llamado Plan B también plantea abrir la puerta a consultas ciudadanas sobre temas electorales, como el financiamiento a los partidos políticos, con la idea de que la población participe directamente en decisiones sobre el uso de recursos públicos en la política.
