El Gobierno de México anunció este martes que no se aplicará el impuesto especial del 8% a los videojuegos con contenido violento, una medida que había sido incluida en el Paquete Económico 2026 y generó polémica en los últimos meses.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la decisión responde a la inviabilidad técnica de distinguir qué títulos pueden considerarse violentos y cuáles no, lo que complicaba la implementación del gravamen en la práctica. “Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no”, sostuvo la mandataria.
La medida original formaba parte de una reforma fiscal que buscaba aplicar un impuesto específico dentro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a videojuegos catalogados como violentos o no aptos para menores. La intención oficial era, según analistas del sector fiscal, desincentivar su consumo entre niñas, niños y adolescentes, así como recaudar fondos adicionales para programas de concientización y salud pública.
Sin embargo, desde su propuesta, el gravamen suscitó cuestionamientos técnicos y críticas de la industria del entretenimiento digital, que argumentó que la medida podría encarecer los productos, afectar el crecimiento del sector y carecer de una base científica sólida que relacione directamente la violencia en los videojuegos con conductas agresivas en la vida real.
Ante estas complicaciones, el Gobierno optó por eliminar la aplicación del impuesto y concentrar sus esfuerzos en campañas de concientización dirigidas a jóvenes y familias sobre el uso responsable de videojuegos, en lugar de gravarlos.
