Ante el incremento de la violencia, la expansión de la extorsión y el deterioro de la seguridad en diversas regiones del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) emitió un posicionamiento firme y urgente desde Tijuana. Acompañada por los 71 Presidentas y Presidentes de los Centros Empresariales que representan a más de 100 ciudades del país, la organización llamó a las autoridades a actuar con visión de Estado y a atender de manera inmediata la crisis que afecta a millones de familias y empresas.
El asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y las movilizaciones que generó, se han convertido en un símbolo del descontento que atraviesa generaciones, sectores y regiones enteras.
Jóvenes, médicos, enfermeras, trabajadores del Poder Judicial, transportistas, agricultores y universitarios levantan la voz en distintos puntos del país. Voces diversas que comparten un denominador común: el cansancio ante la falta de seguridad y de respuestas del Estado.
Entre los delitos que más lastiman al tejido social y económico, COPARMEX destacó a la extorsión y el cobro de piso, prácticas que dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura criminal de control económico y político.
“La extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios. Mata a las MiPyMEs, destruye empleos, vacía comunidades y provoca una migración silenciosa. Es la evidencia más dura de una falla institucional”, señaló la organización.
De enero a la fecha, México registra 8,585 víctimas de extorsión, un incremento del 5.2%. En los 43 municipios fronterizos, el delito creció 15.2%, concentrando casi el 12% de las víctimas. La cifra negra —producto del miedo, la desconfianza y las posibles colusiones— agrava aún más la situación.
Desde esta ciudad fronteriza —históricamente golpeada por la violencia pero también ejemplo de resistencia y recuperación— COPARMEX destacó que México no está condenado. El país, dijeron, exige un Estado que actúe con firmeza y una sociedad dispuesta a sostener el esfuerzo.
En su posicionamiento, COPARMEX hizo un llamado directo y responsable:
Al Gobierno Federal
- Encabezar una estrategia nacional contra la extorsión, con visión de Estado y sin fines políticos.
- Desmantelar redes de colusión que alimentan la impunidad.
A los Congresos Estatales y Municipales
- Armonizar leyes.
- Organizar presupuestos y fortalecer estructuras de seguridad.
A Gobernadores y Alcaldes
- Depurar y profesionalizar policías, incrementar capacidades y garantizar presencia territorial.
- Fortalecer fiscalías y mecanismos de protección.
Al Senado de la República
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Dictaminar de inmediato la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, ya aprobada por la Cámara de Diputados.
“México no puede esperar”, advirtió la organización y reiteró que su papel no es político, sino cívico. Por ello, anunció que seguirá impulsando:
- Diagnósticos territoriales y mapas de riesgo.
- Trabajo con universidades y observatorios ciudadanos.
- Pactos locales por la paz.
- Programas de empleo y capacitación.
- Mecanismos de denuncia segura.
- Protocolos de atención a víctimas.
- Espacios de diálogo multisectorial que atiendan causas estructurales como impunidad, desigualdad y corrupción.
El organismo afirmó que la recuperación de la seguridad requiere una alianza entre Estado y sociedad: “México merece vivir en paz. México puede vivir en paz. México va a vivir en paz si todos cumplimos con nuestra responsabilidad histórica.”
Finalmente, COPARMEX subrayó que no normalizará el miedo ni aceptará la renuncia del Estado a su función esencial: “Este es el momento de corregir, de actuar y de recuperar la esperanza con hechos. México no está condenado; México está esperando que actuemos.”
