El gobierno de Estados Unidos ha cancelado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en lo que fuentes diplomáticas describen como una expansión significativa de su estrategia de presión contra las redes del narcotráfico en México.
Según un informe de la agencia Reuters, algunas de las revocaciones afectan a miembros del partido gobernante Morena, así como a funcionarios de otras fuerzas políticas. En este momento, únicamente cuatro políticos han reconocido públicamente la pérdida de su visa, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien negó cualquier vínculo con el crimen organizado.
Política migratoria como herramienta diplomática
Funcionarios estadounidenses citados por Reuters indican que no es necesario ofrecer una justificación pública al revocar una visa, ya que este tipo de medidas pueden ejecutarse en cualquier momento con base en criterios como seguridad nacional, corrupción o actividades contrarias al interés de EE. UU. Un alto funcionario del Departamento de Estado, cuya identidad quedó en reserva, señaló que las revocaciones se enmarcan en los esfuerzos por “proteger los intereses nacionales” ante la creciente influencia del crimen organizado en la región.
Este uso de la política de visas como instrumento diplomático adquiere relevancia en un contexto en que Washington ha adoptado designaciones más agresivas contra determinadas organizaciones criminales, ampliando el rol de la DEA y la presión sobre funcionarios con posibles vínculos.
Reacción en México: ambigüedad y distancia oficial
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no cuenta con datos precisos sobre el número total de visas revocadas y comentó que Estados Unidos no suele informar al Gobierno mexicano de estas acciones, por considerarse decisiones personales de los individuos involucrados.
En el ámbito político nacional, la medida ha generado inquietud, especialmente dentro de Morena, donde algunos miembros han mencionado haberse enterado de advertencias previamente. La discreción con que ocurre este tipo de cancelaciones dificulta mayores declaraciones públicas.
