La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes enviará al Congreso dos iniciativas de reforma para regular el uso del agua en México: una modificación a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una nueva Ley General de Aguas. El propósito, de acuerdo con autoridades federales, es frenar la mercantilización del recurso, endurecer sanciones por delitos hídricos y evitar el acaparamiento por particulares.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que, tras revisar 482 mil de un total de 536 mil títulos de concesión —lo que representa un avance cercano al 90 %—, se detectaron 58 mil 938 inconsistencias. Entre las irregularidades se encuentran duplicidad de permisos, falsificación de documentos, usos distintos a los autorizados, perforación ilegal de pozos y registros con coordenadas incorrectas, incluso fuera del país.
La iniciativa plantea eliminar la posibilidad de que los particulares vendan o transfieran concesiones entre sí; en caso de que una concesión no se utilice, deberá regresar al Estado para su nueva asignación. Asimismo, se contempla endurecer las multas por extracción ilegal o robo de agua, elevándolas hasta 50 mil UMAS, y en casos graves aplicar la figura de extinción de dominio.
Las reformas también prevén incentivos para pequeños productores agrícolas, la simplificación de trámites de regularización y el fortalecimiento del papel regulador del Estado frente a prácticas de mercado negro del agua.
En conferencia de prensa, Sheinbaum responsabilizó a los particulares que han lucrado con concesiones subutilizadas o revocadas: “Si no usas tu concesión, se la tienes que regresar al Estado”, advirtió. El gobierno federal sostiene que las sanciones vigentes han sido insuficientes, pues en muchos casos los infractores podían pagar multas menores y continuar operando.
No obstante, la implementación de estas reformas enfrentará retos importantes: la supervisión técnica del agua en distintas regiones del país, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la vigilancia de pozos ilegales en zonas remotas y posibles impugnaciones legales sobre el carácter del agua como bien público y derecho humano.
