Integrantes de más de una decena de colectivos feministas y organizaciones defensoras de los derechos reproductivos acudieron al Congreso del Estado para exigir que se avance en la despenalización del aborto y se garantice el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo en Guanajuato.
Durante una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Justicia, activistas, acompañantes y representantes de organizaciones civiles analizaron tres iniciativas de reforma al Código Penal estatal que buscan eliminar sanciones relacionadas con el aborto, despenalizarlo hasta las 12 semanas de gestación o permitir la interrupción voluntaria del embarazo.
Las participantes sostuvieron que la discusión legislativa debe centrarse en evidencia científica, derechos humanos y criterios jurídicos, y no en convicciones religiosas o posturas ideológicas. Argumentaron que la penalización del aborto no evita que éste ocurra, sino que obliga a muchas mujeres y personas gestantes a recurrir a procedimientos clandestinos que incrementan los riesgos para su salud y su integridad.
Durante el encuentro también se señaló que la criminalización afecta de manera desproporcionada a mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica y social, particularmente a quienes viven en municipios alejados o carecen de acceso a información y servicios médicos especializados. Las activistas insistieron en que la maternidad debe ser una decisión libre y no una imposición derivada de restricciones legales.
Entre las demandas planteadas se encuentran el fortalecimiento de la educación sexual integral, el acceso universal a métodos anticonceptivos y la garantía de servicios seguros para la interrupción del embarazo. Además, enfatizaron que la despenalización no obliga a ninguna persona a abortar, sino que amplía las posibilidades de decisión conforme a las circunstancias de cada mujer.
Diversas participantes recordaron que existen resoluciones judiciales y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han declarado inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, por lo que consideraron que el Poder Legislativo estatal mantiene una deuda en materia de derechos reproductivos.
Durante la reunión, legisladoras de Morena y Movimiento Ciudadano expresaron respaldo a las demandas de los colectivos. La diputada María Eugenia García reiteró que mantendrá una postura a favor de los derechos de las mujeres, mientras que Sandra Alicia Pedroza afirmó que la legalización del aborto en Guanajuato terminará ocurriendo, ya sea por una resolución judicial o mediante una reforma aprobada por el Congreso.
Pedroza Orozco adelantó que solicitará la realización de un periodo extraordinario para que continúe el análisis legislativo de las iniciativas pendientes. Por su parte, la diputada Plásida Calzada consideró que el debate no debería seguir posponiéndose y lamentó que los tribunales hayan tenido que intervenir en un tema que corresponde resolver al Poder Legislativo.
En la mesa participaron colectivos como Brujas del Rincón, Redefine Guanajuato, Católicas por el Derecho a Decidir, GIRE, IPAS México, Red de Acompañantes León, Aborto Seguro Celaya y diversas organizaciones feministas de distintas regiones del estado.
