El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una serie de reformas al Código Penal y a la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y operativa de quienes ejercen estas labores en la entidad.
Entre los cambios aprobados se establece que las agresiones contra periodistas y defensoras sean consideradas delitos graves, lo que implica sanciones más severas y la imposibilidad de acceder a beneficios como la suspensión de la pena. También se contempla la creación de un Grupo Especial de Protección dentro de la policía estatal y el fortalecimiento del Consejo Estatal de Protección, que tendrá mayores facultades de seguimiento.
Las modificaciones surgen de iniciativas presentadas por la actual gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, y por la legislatura pasada. Sin embargo, el proceso para su aprobación tomó varios meses, lo que ha generado cuestionamientos sobre la prioridad que el tema ha tenido en la agenda política.
Organizaciones civiles advierten que, más allá de los cambios legales, la efectividad dependerá de la correcta implementación del mecanismo de protección, que en años recientes ha sido señalado por su falta de recursos y limitada operación. Casos como el asesinato del periodista Israel Vázquez Rangel en Salamanca, que aún no ha sido esclarecido completamente, mantienen la preocupación por la persistencia de la impunidad.
