El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó una minuta en materia de extorsión con la que se suma al proceso nacional para homologar sanciones y fortalecer el combate a este delito. Durante la sesión, legisladores como Juan Carlos Romero Hicks, Alejandro Arias Ávila y Rodrigo González Zaragoza expresaron su respaldo al dictamen, que será enviado al Congreso de la Unión para continuar con el trámite legislativo.
La minuta forma parte de las reformas que a nivel federal buscan tipificar la extorsión como un delito que pueda perseguirse de oficio, homologar las penas entre entidades y establecer agravantes comunes, a fin de evitar disparidades en la aplicación de la justicia. Además, se plantea la incorporación de mecanismos tecnológicos y protocolos de coordinación entre autoridades locales y federales para mejorar las investigaciones.
A nivel nacional, el Senado ya ha avanzado en este tema con la aprobación en comisiones de una reforma al artículo 73 constitucional, que daría al Congreso de la Unión la facultad de emitir una Ley General contra la extorsión. La expectativa es que la unificación normativa permita cerrar vacíos legales y aumentar la efectividad de las sanciones.
Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad de los estados para implementar de manera inmediata los cambios legales y sobre la efectividad real de estas reformas frente a un delito que se ha diversificado con nuevas modalidades, incluidas las extorsiones digitales. Para especialistas y víctimas, el reto no solo radica en la aprobación de leyes, sino en garantizar que las instituciones de procuración de justicia cuenten con los recursos y la coordinación necesarios para aplicar las medidas en la práctica.
