El Centro de Conciliación Laboral de Guanajuato reportó una eficiencia del 87% en la solución de conflictos entre trabajadores y empleadores durante el periodo 2024-2025, de acuerdo con su Informe Anual de Actividades presentado este martes.
Durante la ceremonia, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que la entidad se ha convertido en referente nacional en justicia laboral al consolidar un modelo basado en la conciliación como vía prioritaria para resolver disputas sin llegar a juicio.
Según los datos expuestos por la directora general del organismo, Juana Haydeé Escobar Porras, el CCL atendió 57 mil 844 trámites en sus cuatro delegaciones regionales, entre solicitudes de conciliación y ratificaciones de convenios. Además, se realizaron más de 123 mil notificaciones y se concretaron 37 mil 711 convenios entre las partes involucradas.
La funcionaria destacó que el nivel de efectividad alcanzado refleja la consolidación del nuevo sistema de justicia laboral en la entidad, en el que la conciliación prejudicial es obligatoria antes de acudir a tribunales laborales, conforme a la reforma laboral federal.
Durante el acto protocolario, García Muñoz Ledo sostuvo que el porcentaje de resolución no representa solo un indicador estadístico, sino un reflejo del uso del diálogo como mecanismo para evitar litigios prolongados. También señaló avances en capacitación y certificación del personal del Centro.
En el mismo evento, el secretario de Gobierno estatal, Jorge Daniel Jiménez Lona, afirmó que el objetivo es garantizar que trabajadores y empresas de los 46 municipios tengan acceso a mecanismos institucionales para la resolución de controversias laborales.
El informe también subraya que el Centro obtuvo su acreditación como entidad de certificación ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, lo que le permite evaluar y certificar competencias en la materia.
El Centro de Conciliación Laboral forma parte del nuevo modelo de justicia laboral implementado a nivel nacional tras la reforma constitucional de 2017, que trasladó la resolución de conflictos del ámbito administrativo al judicial y estableció la conciliación como etapa previa obligatoria.
