Representantes de Ucrania y más de 40 países denunciaron este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU una escalada de los ataques rusos contra territorio ucraniano y exigieron un alto al fuego total, inmediato e incondicional, en medio del recrudecimiento del conflicto que se mantiene desde 2022.
La declaración fue encabezada por el embajador ucraniano ante Naciones Unidas, Andrii Melnyk, acompañado por diplomáticos de países europeos, además de representantes de Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Durante la comparecencia, Melnyk acusó a Moscú de intensificar los bombardeos contra población e infraestructura civil durante el fin de semana.
El posicionamiento internacional ocurre después de nuevos ataques rusos sobre Kiev y otras regiones ucranianas, así como de amenazas de Moscú sobre posibles ofensivas adicionales contra centros militares y de decisión política en la capital ucraniana. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por la escalada y reiteró el llamado a evitar mayores afectaciones a civiles.
Rusia justificó sus recientes advertencias tras acusar a Ucrania de ataques con drones en zonas ocupadas por fuerzas rusas, particularmente en la región de Lugansk. El gobierno de Vladimir Putin ha señalado que responderá de manera contundente a esas acciones.
Durante la conferencia en Naciones Unidas también se denunció que Moscú pidió a diplomáticos y extranjeros abandonar Kiev ante posibles nuevos bombardeos, situación que fue considerada por varios gobiernos como una amenaza inadmisible contra representaciones diplomáticas acreditadas en Ucrania.
Estados Unidos, que en las últimas semanas ha intentado mantener un papel de mediación entre Kiev y Moscú, no participó en la declaración conjunta presentada ante Naciones Unidas.
La guerra entre Rusia y Ucrania inició en febrero de 2022 y ha provocado miles de muertes civiles, desplazamientos masivos y una creciente tensión internacional por el riesgo de una mayor expansión del conflicto. Organismos internacionales y grupos defensores de derechos humanos han documentado afectaciones constantes a población civil e infraestructura estratégica en ambos lados del frente.
