La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes en primera discusión un proyecto de ley que establece penas de entre 15 y 20 años de prisión para individuos y entidades que respalden, faciliten o participen en acciones consideradas por el gobierno de aquel país como piratería, bloqueo naval y otros actos ilícitos internacionales contra el comercio venezolano.
La normativa, denominada “Ley para Garantizar la Libertad de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y Otros Actos Ilícitos Internacionales”, fue presentada por el diputado Giuseppe Alessandrello y aprobada por unanimidad en una sesión extraordinaria. El objetivo, de acuerdo con sus promotores, es proteger la economía nacional y las libertades de comercio y navegación frente a lo que el gobierno venezolano califica como agresiones externas.
Según el proyecto, quienes promuevan, instiguen, financien o respalden acciones consideradas piratería o bloqueo, como la presión internacional contra buques petroleros vinculados a Venezuela, podrían enfrentar entre 15 y 20 años de cárcel, así como multas equivalentes a cientos de miles de veces el tipo de cambio oficial del bolívar.
El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington: desde mediados de diciembre, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo naval de buques petroleros sancionados que entran y salen de aguas venezolanas, tras la incautación de al menos dos tanqueros con crudo venezolano por parte de la Guardia Costera estadounidense.
Venezuela rechaza estas acciones y las califica de piratería y actos de agresión que violan el derecho internacional. Autoridades bolivarianas han denunciado la incautación de buques y la acumulación de petróleo en aguas venezolanas como un ataque a su principal motor económico, al tiempo que sostienen que las exportaciones continúan según lo planificado a pesar de las restricciones.
El proyecto de ley aún requiere una segunda discusión y votación para su publicación como ley de la república, algo que los legisladores prevén completar en los próximos días. Sus detractores advierten que estas disposiciones podrían ser utilizadas para criminalizar la disidencia y restringir las relaciones comerciales, en medio de un escenario diplomático y económico cada vez más hostil.
