Las declaraciones del sacerdote Alfredo Gallegos Lara, conocido como “Padre Pistolas”, difundidas ampliamente en redes sociales y medios nacionales, provocaron indignación y rechazo social luego de que, durante una homilía, lanzara insultos y amenazas directas contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, por el proyecto del Acueducto Solís.
El video —confirmado y difundido por medios muestra al sacerdote acusando a la mandataria estatal de “matar de hambre” a la población y afirmando que “le va a partir la madre”, lo que ha sido considerado un acto de violencia verbal y política de género.
Ante la viralización de las declaraciones, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado oficial en el que expresó su “profunda preocupación y reprobación ante cualquier palabra o mensaje de un sacerdote o agente de pastoral que falte al respeto, la dignidad y el valor de las personas, especialmente cuando se trata de mujeres.”
El Episcopado recalcó que “no existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias”, y recordó que los ministros de culto deben reflejar “el rostro compasivo de Cristo, que siempre dignifica y nunca humilla”.
La CEM también exhortó a todo el clero a mantener una conducta ética y pastoral que promueva el respeto y la reconciliación, subrayando que los templos deben ser espacios de paz, escucha y comunión, no de confrontación ni de violencia verbal.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de las declaraciones y del llamado de atención público por parte del Episcopado, el comunicado no menciona sanción alguna contra el sacerdote, ni detalla si habrá medidas disciplinarias o procesos internos de investigación por parte de la autoridad eclesiástica.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo condenó los insultos de manera pública, reiterando su compromiso con la defensa de las mujeres y el respeto en la vida pública: “Lo condeno públicamente, porque ninguna mujer, con o sin cargo, debe ser víctima de este tipo de agresiones”, declaró la mandataria en rueda de prensa.
Asimismo, agradeció las muestras de solidaridad recibidas de diversos sectores políticos, sociales y religiosos, y aseguró que no emprenderá acciones legales contra el sacerdote, aunque calificó sus expresiones como “violencia política de género inadmisible en un país que busca avanzar en el respeto y la equidad”.
El episodio ha abierto un debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito religioso, el papel de los líderes de fe en la vida pública y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres.
Diversos colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos han exigido una respuesta más firme por parte de la Iglesia católica, argumentando que el silencio disciplinario podría normalizar los discursos de odio.
Mientras tanto, el Acueducto Solís continúa siendo tema de discusión en Guanajuato y en la región del Bajío. El Gobierno Estatal ha reiterado que el proyecto no afectará el suministro de agua de las comunidades, sino que busca tecnificar el riego agrícola y garantizar el abasto sostenible en los próximos 50 años.
