En Colombia, la ciudad de Cali fue escenario de un violento atentado la tarde del miércoles 21 de agosto. Un camión cargado con explosivos estalló a las afueras de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en una de las principales avenidas de la ciudad.
La explosión dejó al menos seis personas muertas y entre cincuenta y setenta heridos, además de cuantiosos daños materiales en viviendas y comercios cercanos.
El presidente Gustavo Petro responsabilizó del ataque a las disidencias de las FARC, en particular al Estado Mayor Central y al frente Carlos Patiño, señalando que se trata de una reacción a los recientes operativos militares en el Cañón del Micay. Petro advirtió que estos grupos actúan bajo lo que llamó la “Junta del Narcotráfico”.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, convocó a un consejo de seguridad extraordinario y anunció la militarización de la ciudad. También informó de restricciones al tránsito de vehículos pesados durante la noche y ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos colombianos, equivalentes a cien mil dólares, por información que ayude a dar con los responsables.
El gobierno nacional, a través del ministro del Interior, aseguró que se reforzarán las operaciones de inteligencia y combate contra las estructuras criminales. Organismos internacionales, incluida la misión de la ONU en Colombia, condenaron el ataque y pidieron detener la violencia contra la población civil.
El atentado de Cali forma parte de una escalada de violencia en distintas regiones del país. Ese mismo día, en Antioquia, un helicóptero policial fue derribado con un dron explosivo, lo que dejó más víctimas mortales entre los oficiales.
